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Territorio indígena: revés judicial para empresarios de Libertador

La medida ordena a Mario Rojo, Marcos Rodriguez, Marina Tellez y Arturo Gimenez a no realizar cambios o alteraciones sobre el inmueble en conflicto.

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Luego de varias manifestaciones en el Ministerio Público de la Acusación de Libertador, la Justicia de Jujuy falló a favor de la comunidad Normenta Pacha. Mientras Liliana Flores de Normenta y el cacique del pueblo ocloya Néstor Jerez se presentaron ante la justicia acompañados por miembros de la comunidad, el empresario Rojo brilló por su ausencia.

Lo cierto, es que el Juez Dr. Matias Nieto dictara MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE INNOVAR a favor de Comunidad Aborigen Normenta Pacha Pueblo Ocloya, contra Mario Rojo y otros. La medida ordena a Mario Rojo, Marcos Rodriguez, Marina Tellez y Arturo Gimenez abstenerse de realizar y/o efectuar actos de cualquier índole que implique modificación o alteración de la situación de hecho o derecho en relación al inmueble en Conflicto.

Según consignó La Izquierda Diario, el Agente Fiscal Dr. Ernesto Lian Resua recibió a las Autoridades de la Comunidad Indígena Normenta Pacha, participando también de la audiencia el Dr. Fado Zamar del área de resolución alternativa de conflictos del Ministerio Publico de la Acusación; los representantes de la Comunidad reafirmaron lo expresado a través de las múltiples denuncias que se tramitan en esta fiscalía y que son consecuencias de últimos hechos ocurridos en Territorio Comunitario de Comunidad Indígena Normenta Pacha, referidos a violación de ley 26160 vigente por prorroga 27400, intento de despojo y amenazas realizadas por los Señores Mario Rojo, su cuñado Rodríguez, Marina Telles y su esposo Arturo Gimenez, quienes intentan usurpar territorio comunitario para desarrollar emprendimiento inmobiliario y turístico.

La Comunidad Indígena Normenta Pacha - Pueblo Ocloya, es poseedora ancestral del territorio, cuenta con reconocimiento del Estado Nacional y Provincial a través de Personería Jurídica 012/11 S.DD.HH. y Carpeta Técnica con Resolución en el marco de ley 26160, por lo que se solicitaron aplicación de ley que suspende desalojos y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN COMUNIDADES INDIGENAS PREEXISTENTES presentado por el Pueblo Okloya el 5 de abril pasado al Fiscal General Dr. Enrique Lello Sanchez; por lo que el Fiscal Resua manifiesta que se dará curso a lo peticionado y reconoce la plena vigencia de ley 26160.

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