Pasados de vivos

Ocho políticos jujeños imputados por cobrar el IFE podrían ser embargados

El fiscal Federico Zurueta impulsó un embargo de 50 mil pesos para uno de los imputados.

QPJ Política

En una investigación de la Justicia Federal sobre el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), fueron imputados 6 concejales y 2 funcionarios de distintas localidades de Jujuy. Una de las imputaciones ya tiene un embargo de 50 mil pesos, ya que se encontraron los medios probatorios que confirman el cobro en 2 oportunidades.

La imputación fue presentada en una audiencia de formalización de la investigación penal por el fiscal federal Federico Zurueta. EL fiscal explicó que frente a las disposiciones sanitarias durante el 2020 el 23 de marzo el gobierno nacional creó el IFE, un beneficio que se implementó con el fin de paliar la situación económica de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía", señaló el fiscal.

La investigación se inició en julio del 2020 a raíz de la información difundida en varios medios periodísticos locales respecto a la posible defraudación, en perjuicio del Estado Nacional.

El primer funcionario cuyo caso abordó el fiscal fue Diego Agustín Mayaregua, concejal de la localidad de Caimancito, quien actualmente preside el Concejo Deliberante. En este caso, el imputado "solicitó el beneficio el 27 de marzo de 2020 y seleccionó como medio de pago transferencia bancaria", precisó el fiscal. En el caso de Mayaregua, en tanto, requirió la imposición de un embargo por la suma de 50 mil pesos

Por otra parte, el fiscal imputó a los concejales Rodrigo Nicolás Martínez, de Pampa Blanca; Mariana Viviana Cazón, de Santa Clara; Carla Yamila Nieto, de Calilegua; Blas Mariano Nicolás Videla, de Caimancito; y Gonzalo Javier Farfán, de El Aguilar, por los mismos delitos, pero en grado de tentativa.

La misma calificación recayó sobre Juan Francisco Cruz, vocal y presidente de la Comisión de Catúa y Juan Sabino Borja, vocal de Yavi. En estos casos, el fiscal explicó que, de acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, se pudo establecer que los acusados efectuaron la solicitud de cobro del IFE.

Reveló las fechas y otros detalles de los trámites realizados por los imputados, quienes no llegaron a percibir el beneficio ya que el organismo a cargo del otorgamiento del subsidio rechazó las respectivas solicitudes por distintos motivos, entre ellos el hecho de que la mayoría de ellos aparecía como beneficiarios de otros planes sociales.

  Las defensas, por su parte, intentaron cuestionar la acusación, no obstante los argumentos esgrimidos no fueron tenidos en cuenta por el juez, quien dio por formalizada la imputación, y ordenó la aplicación de las reglas de conducta y el embargo solicitado.  

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