Prohíben a un finquero acercarse a originarias jujeñas: ¿Conflicto territorial?

La jueza María del Rosario Hinojo ordenó al finquero Carlos Gustavo Bárcena "abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes, o desplegar conductas amenazantes por cualquier medio" en contra de mujeres de la Comunidad Aborigen Pueblo Tilián, ubicada en la localidad de Volcán, en el departamento Tumbaya, de la provincia de Jujuy. La medida, notificada el 4 de este mes, también impone a Bárcena que deberá "mantener una distancia de trescientos (300) metros" de los domicilios de las mujeres o sus lugares de trabajo o concurrencia.

La denuncia a Bárcena fue porque el mediodía del 6 de agosto de 2020 en el paraje Los Filtros hizo tres disparos desde el cerro y amenazó a los miembros de la Comunidad con que los iba a "cagar matando a todos" si no abandonaban el territorio. A la tarde se acercó al territorio de la familia Lamas y los insultó "tratándonos de 'bolivianos' y de usurpadores aduciendo que él y su familia son dueños de nuestro territorio". Luego hubo otros hechos de violencia y amenaza y publicaciones en su perfil de facebook en las que sus seguidores también amenazaron de muerte a los integrantes de la Comunidad.

La decisión de la magistrada, que subroga el Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género N° 2 de Jujuy, fue celebrada por organizaciones originarias y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que la calificaron de "medida ejemplar".

También la destacó la abogada de la Comunidad, Natalia Peñaloza. Es que es la primera vez que se consigue un pronunciamiento judicial de estas características en el marco de un conflicto territorial. A pesar de esto, la letrada hizo notar que la sentencia impone restricciones solo respecto de cinco mujeres, Carolina Choque, Mercedes Lamas, Graciela Lamas, Pamela Alavar y Silveria Lamas, pese a que se la había solicitado para todas las mujeres de la Comunidad. Adelantó que pedirá una aclaratoria sobre este particular, dado que en un anterior decisorio la jueza había incluido a "toda mujer de la comunidad aborigen del Pueblo Tilián de Volcán, dentro o fuera del domicilio".

Peñaloza también resaltó el largo camino transitado para llegar a la resolución conocida ahora. La denuncia se presentó en octubre de 2020. El 13 de ese mes la jueza declaró la incompetencia del Juzgado para entender en el caso, aunque impuso a Bárcena "abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica" e insultar, agraviar e insultar a las mujeres de la Comunidad Pueblo Tilián.

Esta incompetencia fue apelada por Peñaloza, la jueza consultó al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el 27 de octubre respondió de manera "excepcional" atendiendo a la emergencia en materia de violencia de género declarada en la provincia y dispuso que siguiera el trámite "a los fines de evitar mayores dilaciones temporales y procesales".

Ya devuelto el expediente al Juzgado a cargo de Hinojo, se citó a una audiencia con las denunciantes para los primeros días de diciembre, pero no se pudo hacer por falla en la conectividad, y pasó para mediados del mes. Así se llegó a febrero, cuando se conoció la medida que hizo lugar al pedido de las mujeres originarias, la que fue calificada de "un logro" por la presidenta de la Comunidad, Carolina Choque, quien destacó que "desde siempre" vienen sufriendo "estas amenazas, amedrentamientos y avasallamientos".

Mensajes de odio y violencia

Peñaloza hizo la denuncia por "violencia de género a las mujeres indígenas de la comunidad Aborigen Pueblo Tilián" y pidió que se impongan medidas de protección para todas estas mujeres y sus grupos familiares convivientes.

La denuncia describe que además de los disparos, el 6 de agosto Bárcena amenazó de muerte a "mujeres y niñas que se encontraban en ese lugar, con un arma en el bolsillo, amagando todo el tiempo en sacarla". También lo acusaron por el robo de una whipala, "símbolo ancentral de nuestra comunidad, amenazando que iba a arrazar con nuestras casas y cultivos, además de matarnos a todos". La situación de violencia fue tal que algunas mujeres se escondieron en las casas de los vecinos y desde ese día muchas dejaron de ir a trabajar la tierra por temor a que el finquero cumpliera la amenaza. Los habitantes de esta Comunidad son criadores y agricultores para el consumo propio.

Fuente: Pagina 12