Presentaciones judiciales por el mal servicio y los reiterados cortes de agua en Jujuy

La crisis en el servicio de agua potable en Jujuy sumó un nuevo capítulo judicial. Frente a los constantes cortes, la baja presión, la turbidez del agua y la falta de respuestas, la asociación de defensa del consumidor CODECUC presentó acciones en la Justicia contra la empresa estatal Agua Potable de Jujuy, apuntando directamente al deficiente servicio y a la ausencia de inversión en infraestructura.

Durante el último año, las falencias del sistema se volvieron recurrentes y afectaron a miles de usuarios en distintos puntos de la provincia. La situación se profundizó con las lluvias intensas, dejando sin suministro o con un servicio irregular a localidades como San Salvador de Jujuy, Palpalá, El Carmen, Aguas Calientes, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, San Pedro, San Antonio y El Ceibal, entre otras.

Desde CODECUC remarcaron que la presentación judicial busca visibilizar un problema estructural que se arrastra desde hace años. En declaraciones radiales, el referente de la entidad, Alejandro Mur, sostuvo que "desde hace más de diez años no se realizan las inversiones oportunas y necesarias en la infraestructura", lo que explica la fragilidad del sistema ante cualquier contingencia climática.

El eje de la acción judicial está puesto en el incumplimiento del servicio y en los perjuicios directos que sufren los usuarios, quienes pagan tarifas elevadas pero reciben un suministro deficiente. En ese sentido, Mur instó a los vecinos afectados a realizar denuncias formales y reclamos, no solo para dejar constancia del problema, sino también para exigir compensaciones por los cortes prolongados y la mala calidad del agua.

Además, cuestionó con dureza el rol del organismo de control, SUSEPU, al señalar que debería actuar de oficio ante la vulneración de los derechos de los usuarios, algo que -según afirmó- no está ocurriendo. "Tenemos una de las facturaciones más caras del país para una provincia chica y empobrecida, con servicios que son de baja calidad", advirtió.

Mientras tanto, los cortes continúan y el malestar social crece. La judicialización del conflicto marca un nuevo escenario, con usuarios que ya no solo reclaman soluciones inmediatas, sino también responsabilidades concretas por años de desinversión y un servicio que no está a la altura de lo que se cobra.