Paro nacional de prestadores en discapacidad y familia: ¿Cómo afectará a los jujeños?

El paro nacional en el ámbito de discapacidad surge como respuesta a la grave vulneración de derechos fundamentales, particularmente los establecidos en las leyes 26.657 y 27.711, según detalló la Licenciada Alejandra Julián, coordinador de Empatía  sobre salud mental y derechos de la infancia. 

La falta de pago por parte de las obras sociales a los prestadores ha generado una crisis en la atención de las personas con discapacidad, dejando a muchos niños, niñas y adolescentes sin acceso a sus terapias y tratamientos necesarios para su desarrollo y bienestar. 

Esta situación ha afectado especialmente la continuidad de servicios esenciales como terapia ocupacional, apoyo educativo y rehabilitación neurológica, lo que pone en riesgo el progreso y la calidad de vida de los pacientes. La interrupción de estos tratamientos no solo impacta directamente en su salud, sino que también genera estrés e incertidumbre en las familias, que se ven obligadas a luchar para garantizar los derechos de sus hijos.

Además de la falta de pago, se denuncian recortes en las prestaciones médicas obligatorias, lo que impide el acceso a terapias como equinoterapia, hidroterapia y atención terapéutica en escuelas. Esta crisis también se extiende al ámbito de la vivienda, donde no se respetan las asignaciones de hogares para familias con miembros que tienen discapacidad, limitando aún más sus posibilidades de bienestar y estabilidad. Las organizaciones de prestadores y las familias han decidido organizarse para visibilizar esta emergencia, convocando protestas y generando redes de información sobre derechos y mecanismos de reclamo.

La situación ha sido particularmente difícil en provincias como Jujuy, donde se reporta que las obras sociales dilatan los trámites y derivan los casos a Buenos Aires, evitando dar respuestas concretas a las necesidades locales. La convocatoria nacional espera generar conciencia y exigir soluciones inmediatas, especialmente el cumplimiento de pagos a los prestadores y la garantía de tratamientos continuos para los pacientes.