Hasta las manos: piden la intervención de uno de nuestros pueblitos más lindos

Pedirán que el municipio de La Quiaca sea intervenido.

El juez de Paz corroboró y certificó pasos no habilitados donde se realizan actividades ilícitas. Abogados de un conflicto de tierras, piden la investigación de una presunta cartelización.

Un conflicto judicial que existe entre varias personas con la comunidad Ojo de Agua de la ciudad fronteriza de La Quiaca, sacó a la luz una serie de actividades ilícitas que fueron corroboradas y certificadas por un funcionario judicial y ante tamaña irregularidad, los abogados querellantes solicitaron la intervención de la ciudad de La Quiaca, alertando que podría estar bajo un sistema de cartelización.

El pasado 26 de enero, el juez de Paz de La Quiaca, Walter Fernando Rodríguez, junto a un agrimensor y las partes interesadas en la disputa de tierras, llegaron al predio en conflicto para constatar el estado de ocupación.

El procedimiento judicial se dio ante un clima hostil, donde la mayoría de las personas que dicen pertenecer a una comunidad aborigen, se negaron a identificarse y manifestar el tiempo de permanencia en ese sector, pero según el informe elevado por el juez, las precarias construcciones, datan de un tiempo cercano.

Una investigación de El Tribuno de Jujuy, permitió establecer que el funcionario judicial puso en relieve en su informe, que al final de una tercera fracción que corroboró, "existe una ruta de tierra clandestina que es usada como vía de paso para el contrabando desde la República de Bolivia, con salida a la ruta nacional Nº 40, situación que está observada a simple ojos vista, dado que la circulación de los rodados, muchos de ellos sin identificación, es sistemática y constante".

Estas afirmaciones no pasaron desapercibidas por los abogados querellantes que anteriormente habían denunciado a los presuntos usurpadores y esta jornada los letrados Fernando Luis Bóveda y Franco Vera presentarán en mesa de entrada de la Legislatura de la provincia, la intervención de la ciudad, por una presunta connivencia de los organismos estatales, para el florecimiento del negocio de la clandestinidad y de la ilegalidad y que además la ciudad fronteriza podría estar cartelizada.

Los letrados sostienen que esta situación, que es de total conocimiento por parte de los habitantes de la ciudad fronteriza de La Quiaca, no es de los últimos tiempos, pero después de la pandemia se fue acentuando, al punto que hay personas estratégicamente organizadas para garantizar el acceso y regreso por los pasos no habilitados de mercadería y otros cargamentos de dudosa procedencia en la zona fronteriza entre nuestro país y el de Bolivia.

Los abogados querellantes sostienen que esta actividad es el principal punto que mantiene el conflicto judicial en ese territorio. Entre los elementos de pruebas que presentaron ante la Justicia, es la presencia de más de 50 ciudadanos bolivianos y venezolanos que dicen pertenecer a una comunidad aborigen, que hace no menos de diez años ocupan ese lugar.

El pedido de inmediata intervención ingresará esta jornada a mesa de entrada de la Legislatura de la provincia y de allí se designará una Sala de Comisión para analizar estos elementos y de allí poder establecer qué podría pasar con la delicada situación de presuntas connivencia entre las instituciones provinciales y un grupo de personas que custodian un predio, con el objetivo de permitir la clandestinidad e ilegalidad en unas tierras que se encuentran en pleno proceso judicial y mantiene a los demandantes amenazados de muerte, tras estas denuncias.

Fuente: El Tribuno.