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Bolivia ordenó la captura de Evo Morales por los bloqueos que paralizaron el país

La Fiscalía de Santa Cruz ordenó la captura del expresidente Evo Morales por su presunta participación en las protestas y bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio en Bolivia.

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La Fiscalía de Santa Cruz, Bolivia, ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por su presunta participación en las protestas y bloqueos de rutas que afectaron distintas regiones del país durante 53 días.

La medida fue dispuesta por el fiscal Brayan Melgar e incluye una serie de acusaciones vinculadas con los hechos investigados. Entre ellas figuran terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Según la investigación, las protestas se desarrollaron entre mayo y junio y tuvieron como uno de sus principales reclamos la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos de carreteras se extendieron durante 53 días y afectaron el tránsito entre distintas regiones del territorio boliviano. De acuerdo con la acusación, la interrupción de las rutas provocó dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos esenciales.

Evo Morales denunció una persecución política

Tras conocerse la orden de captura, Evo Morales rechazó las acusaciones y afirmó que se trata de una "persecución judicial y política".

El expresidente sostuvo que esta situación forma parte de un proceso que, según su versión, comenzó en 2024, cuando se inició otra investigación judicial en su contra.

Morales y su equipo de abogados cuestionaron las imputaciones y señalaron que los procesos tendrían una motivación política. También sostuvieron que existen elementos que, según su interpretación, permitirían desacreditar las acusaciones formuladas en investigaciones anteriores.

La causa continúa en manos de la Fiscalía de Santa Cruz, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar la situación procesal del exmandatario y establecer su eventual responsabilidad en los hechos investigados.

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