Revés para el millonario

Blaquier será juzgado por los crímenes de lesa humanidad

El Juzgado Federal de Jujuy rechazó los planteos de nulidad y sobreseimientos de la defensa de Blaquier y Lemos. La causa denominada Luis Aredez y otros se elevó a juicio oral y público.

QPJ JUJUY

En su resolución, la Justicia también resolvió "no hacer lugar" a lo expuesto por los imputados en contra de los requerimientos de elevación de la causa a juicio formulados por el Ministerio Público Fiscal y las querellas constituidas.

En la misma línea dispuso "la elevación a juicio, en forma parcial", respecto de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Enrique Lemos.


El dueño de la empresa Ledesma y su exadministrador están imputados en esta causa por resultar presuntos participes en grado de cómplice primario y secundario, respectivamente, del delito de privación ilegítima de la libertad agravada -en tres hechos- cometido en perjuicio de Luis Ramón Aredez (desapararecido), Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.


De esta manera el Tribunal Oral Federal de Jujuy deberá fijar fecha de audiencia de juicio, aunque queda pendiente la resolución también con pedido de elevación a juicio de otra causa denominada Burgos y otros.


Si bien las causas antes nombradas no estaba estrictamente acumuladas, venían tramitándose casi de manera conjunta, por lo que se espera que en los próximos días se conozca la nueva resolución, explicaron fuentes judiciales.


El 8 de julio pasado, la Corte Suprema avanzó en dejar sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación que, en 2015, dictó la falta de mérito de Blaquier y Lemos, y además ordenó que se dicte una nueva sentencia.


Asimismo, el pasado 5 de agosto la sala IV de la Cámara de Casación resolvió declarar "inadmisibles" los recursos interpuestos por los acusados y la causa que regresó al Juzgado de origen en Jujuy.


Según la acusación, Blaquier y el exadministrador del ingenio, Alberto Lemos, fueron procesados como partícipes necesarios de "La noche del apagón", como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, sucedido entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.

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